La portavoz socialista critica la soberbia del alcalde y su hoja ruta con este caso que va a hipotecar el futuro a las próximas tres generaciones de benidormenses
La portavoz socialista, Cristina Escoda, ha exigido alcalde Toni Pérez que asuma sus responsabilidades, pida disculpas y que dimita tras el nuevo varapalo del Tribunal Supremo que ha tumbado el recurso del Ayuntamiento de Benidorm y, con ello, hace firme la sentencia previa del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) que condena al Consistorio a pagar 330 millones de euros a los propietarios del suelo afecto por el APR7 en la Serra Gelada. “Toni Pérez tiene que asumir sus responsabilidades y dimitir por llevar a Benidorm al precipicio, tras una sentencia que va a hipotecar el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos”, ha afirmado.
Escoda ha mostrado su preocupación y la del PSOE de Benidorm por una sentencia que compromete el importe total de dos presupuestos y medio del Ayuntamiento, lo que supone a todas luces la quiebra técnica, y ha criticado el cambio de postura del alcalde con respecto al convenio que firmaron las partes en 2003, cuando él formaba parte de aquel gobierno, para compensar a los propietarios de los terrenos en Serra Gelada por no edificar. “Tenemos que recordar que Toni Pérez votó a favor de este convenio en 2003, mientras el PSOE votaba en contra. Un convenio que una vez aprobado fue ratificado y renovado por los gobiernos del PSOE en 2010 , con el voto a favor del señor Pérez y el PP, y en el 2013 en el que el grupo popular y su portavoz Toni Pérez cambiaron de postura. Un posicionamiento que reafirmó al llegar a la Alcaldía en 2015 negándose a renovar los convenios, sin calibrar las consecuencias, actuando por impulsos, con altivez y prepotencia. Una actitud que al final va a afectar, y mucho, a todos los ciudadanos”, ha indicado.
La portavoz ha destacado que el futuro económico del Ayuntamiento pinta muy mal y, lamentablemente, los más perjudicados van a ser los vecinos y vecinas de Benidorm que podrán ver una merma importante de los servicios públicos. “Estamos hablando de que tendríamos que pedir fondos de rescate al Estado y eso llevaría aparejado un plan de ajuste. Esto implicaría que servicios como el conservatorio o la guardería se verían afectados, y que las contratas actuales, que están todas caducadas, también habría que aplicarles un recorte en los servicios”, ha explicado.
Con todo, Escoda ha remarcado que cuando se gobierna se tienen que asumir las consecuencias de las decisiones que se toman, y “pedir perdón cuando llevas a esta situación al Ayuntamiento que podría suponer la quiebra técnica”. “En estos momentos se demuestra si un gobierno está a la altura o no”, ha afirmado.
